Por Miguel Jara - 16 de mayo de 2012
Vivimos tiempo de desmantelamiento de lo público, de
lo que es de todos, para generar nuevos mercados controlados por
compañías privadas. El ámbito sanitario, la salud de las personas, no
escapa a este tsunami especulativo y corrupto. El
sector público se está poniendo al servicio de intereses privados, con
la intención no de mejorar la sanidad pública, o al menos que no
empeore, sino de trasvasar actividad sanitaria pública a un número concreto de empresas.
Ese desmontar el sistema sanitario público que, aunque cargado de
defectos y aspectos a mejorar no deja de ser un valor para la
ciudadanía, es una constante que eleva la crisis a rango de estafa en
todas las comunidades autónomas.
Los ataques que recibe la salud de las personas no sólo llegan de la
descarada apropiación de lo que es de todos por una parte. Los recortes
que están produciéndose siguen una línea común, tocar el bolsillo de los más débiles.
El copago decretado por el Gobierno hace unas semanas, afecta sobre
todo a quienes más fármacos consumen, los jubilados, aunque no sólo a
este colectivo. Es una medida injusta pero además es una medida hipócrita
entre otros motivos porque durante decenios se ha creado en esa y en
las demás capas de población, la necesidad medicamentosa a través del sobradiagnóstico y el sobretratamiento.
Vivimos en la era de la “medicalización de la vida”:
se inventan enfermedades y se exageran otras; se sobreestiman los tratamientos farmacológicos; la ciencia se enfoca en su mayoría con criterios de rentabilidad económica antes que social; se rinde culto a la tecnología sanitaria sin prever las consecuencias de su abuso -en el plano económico pero sobre todo en el humano-; se receta y hacen pruebas diagnósticas en exceso y bajo la presión, en muchas ocasiones sutil, de los laboratorios farmacéuticos; se hace lobby comercial en ministerios y consejerías; y gestores públicos y directivos de empresas privadas así como responsables de y en instituciones sanitarias se confunden en un solo gobierno especulativo.
Si se quiere ahorrar y hacer más eficaz el sistema sanitario es
necesario cambiar el rumbo torcido de la corrupción. Pero también es
necesario atajar la medicalización de la vida. En la actualidad, el
gasto farmacéutico público a través del Sistema Nacional de Salud (SNS)
es de unos 13.000 millones de euros anuales. Los recortes
del Gobierno en materia sanitaria se han fijado en 7.000 millones de
euros.
No, no se trata de proponer que no nos mediquemos o que no
utilicemos los recursos sanitarios cuando es necesario, aunque está claro que una sociedad menos medicada es una sociedad más sana
y por ello debemos concluir que no somos una sociedad muy sana pues
España está entre los cinco países que más fármacos consumen de todo el
planeta.
Un medicamento nuevo, una novedad comercial, no tiene por qué ofrecer
una mejora terapéutica, la mayor parte de los fármacos nuevos son los
denominados me too, yo también, copias de otros ya existentes que no aportan nada nuevo
y que eso sí, se han repatentado para venderlos igual de caros que si
fueran nuevos. La selección de los medicamentos y en general de los
recursos sanitarios más idóneos debería de realizarse con procedimientos públicos y transparentes. De aplicarse una regulación de precios proporcional al valor terapéutico del producto, el ahorro sería mayúsculo por la baja eficacia de tantos preparados farmacológicos existentes en las farmacias y que hay actuaciones médicas con poca justificación que se han institucionalizado.
La promoción comercial en las universidades y centros sanitarios públicos deberían estar prohibidos, libres de humos empresariales,
y el control de la información publicitaria ser más efectivo. La
formación de los profesionales sanitarios tendría que estar patrocinada
por la Administración -ahora se encuentra en su mayoría en manos de las compañías farmacéuticas y de tecnología sanitaria-.
Es una inversión, más gasto al principio pues hay que formar al
personal, pero a medio plazo supone un ahorro, al lograrse una
racionalización en la dispensación de medicamentos -la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 400 los medicamentos que considera esenciales apara atender las necesidades básicas humanas pero en nuestro país encontramos más de 12.000 marcas de fármacos distintas-.
Mediante el desarrollo de un sistema de información y evaluación de
los medicamentos y la tecnología que incluyera una monitorización de sus
resultados así como la desfinanciación en caso de no obtenerse los beneficios prometidos puede extremarse el ahorro. Algo similar ya lo hace la Oficina de Evaluación de Medicamentos de Extremadura, independiente de las industrias.
Urge que la población encare los responsables con sus responsabilidades legales.
Al mismo tiempo es necesario urgir a quienes tienen capacidad de
decisión en estos ámbitos a “recortar” y racionalizar los recursos con
criterios sociales con el objetivo de que quien más se haya visto
favorecido en los años de “bonanza” sea quien haga ahora un mayor esfuerzo.
Fuente: Miguel Jara
Fuente: Miguel Jara
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